La concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia, Conchita Ruiz, ha presidido esta mañana la sesión ordinaria de la Red para la Inclusión Social del Ayuntamiento de Murcia en la que se han tratado diversos asuntos.

En primer lugar la concejala ha dado a conocer las nuevas medidas del Plan municipal contra la pobreza energética e hídrica. Para ello se va a poner en marcha un Grupo de trabajo sobre pobreza energética y desarrollo de las medidas previstas en el Plan, y que contará con la participación de agentes del tercer sector. Se trata de un grupo de trabajo previsto entre las actuaciones del Plan.

El Plan, además de medidas para paliar las deudas existentes o que puedan contraerse por aquellas familias con ingresos insuficientes, centra sus propuestas en otras medidas orientadas fundamentalmente a la reducción del consumo, a la educación para el consumo o a la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, existiendo ya en la propia normativa de ayudas de emergencia social, otros dos conceptos que pueden articularse con esta finalidad:

Estos son la compra de equipamiento para la vivienda (sustitución de electrodomésticos por otros más eficientes y de menos consumo) o reparaciones menores en los hogares (supresión de humedades, mejora de ventanas, humedades, etc.), factores que influyen de modo determinante en un mayor consumo y en las familias con mayores dificultades económicas.

En los últimos meses, Derechos Sociales ha destinado más de 100.000 euros para ayudas destinadas al pago de la energía, conexiones a la red eléctrica o a la de agua tras el corte de suministro, reformas en viviendas (supresión de humedades, cerramientos, etc.) y equipamiento básico.

Por todo ello, "consideramos que el sistema de ayudas para la atención de emergencias sociales resulta suficientemente adecuado para atender la demanda de las diferentes ayudas que pueden requerir las familias para afrontar los gastos derivados del consumo de energía, especialmente aquellas identificadas como vulnerables y vulnerables severas, al margen de que puedan acogerse a las medidas propuestas por el denominado bono social", ha explicado Conchita Ruiz.

Por último es preciso añadir que el límite de ingresos establecido para poder solicitar dichas ayudas es del 125% del Salario Mínimo Interprofesional, incrementado según un índice corrector en el supuesto de existir en la vivienda menores, personas dependientes o personas con discapacidad, que el número de ayudas denegadas por criterios económicos es prácticamente irrelevante.

Hay que destacar que durante el año 2017 se destinaron cerca de 600.000 euros para el Fondo Social de EMUASA para tarifa plana, una ayuda de la que se beneficiaron 12.967 personas.

Además se ha informado de otros asuntos como las conclusiones del Estudio sobre Tarifa Social del Agua, en el que han participado la Fundación CEPAIM y la Universidad de Murcia, que propone la creación de oficinas o puntos de información, formación, asesoramiento y acompañamiento individualizado a las familias y a las personas que presenten situaciones de pobreza y exclusión social o riesgo de padecerla, así como que en las propias facturas de consumo del agua se identifiquen los datos de estas oficinas y los medios que el consumidor tiene a su alcance para la resolución de las situaciones que le puedan llevar al impago de los recibos.

Conchita Ruiz también ha explicado a los asistentes la creación de un grupo de trabajo sobre acción social y agua, así como la puesta en marcha de otro grupo de trabajo de personas sin hogar y con problemas de salud mental.

Por último se ha dado cuenta de la propuesta de realizar una campaña de sensibilización sobre el ejercicio de la mendicidad en el municipio cuyo objetivo es sensibilizar a la población, en colaboración con el tercer sector, para la difusión de los recursos del sistema de servicios sociales para la atención de las personas que ejercen la mendicidad, orientando sus donaciones para dichos recursos.