El gobierno autonómico, que dirige desde hace 25 años el Partido Popular, y que nunca ha apostado por dotarse de los medios necesarios ni ha visto en las garantías ambientales de estos procedimientos otra cosa que un obstáculo a la actividad económica, sigue desmantelando la política medioamental cuando podría haber supuesto un impulso para mejorar y modernizar el tejido productivo regional.

El grupo municipal Podemos llevará al pleno de mayo para su debate y aprobación una moción en relación a los cambios legislativos aprobados en Murcia en materia medioambiental.

“La Administración regional de Murcia dispone de un equipo técnico competente, diversificado y especializado, pero éste no ha sido dotado adecuadamente con los recursos humanos y materiales suficientes para realizar su cometido, y durante los diez últimos años se ha producido un creciente deterioro de la relación entre carga y exigencias de trabajo por un lado, y capacidad material de atenderlas, hasta llegar a una situación cercana al colapso”, declara Ginés Ruiz, portavoz municipal de la formación.

“Mientras las exigencias medioambientales internacionales se ampliaban y diversificaban, el gobierno regional se ha estado negando a desarrollar estos instrumentos que garantizan mejores proyectos para nuestra región y mejor tejido productivo, pues siguen viendo los trámites ambientales como un obstáculo, un papeleo que hay que aligerar y simplificar; burocracia improductiva”, explica el portavoz.

Es un error seguir favoreciendo los beneficios privados a corto plazo a costa de eliminar una parte fundamental de los controles ambientales existentes, que son ya muy insuficientes. “Esta actuación tan irresponsable, además de producir en la práctica una desatención a la obligación de tutela pública sobre la salud y el medio ambiente, puede generar una enorme inseguridad jurídica a las autorizaciones emitidas en vigencia de esta norma si, como parece probable, pudiera ser recurrida en los tribunales y se repitiera la historia de varapalos judiciales a las iniciativas legales del gobierno regional”.

Desde la formación, aseguran que estas medidas perjudican “la capacidad de los ayuntamientos para afrontar sus nuevas obligaciones, en un momento en que sus recursos son mermados por la crisis del COVID-19, y cuando los pocos o muchos recursos con que cuenten deben movilizarse a solucionar los estragos de dicha crisis sanitaria”.

“No podemos permitir que el medio ambiente, la sociedad murciana y el tejido empresarial en su conjunto sufran las consecuencias de la tendencia del Gobierno regional al desmantelamiento de la política ambiental”, declara Ginés Ruiz.

La formación traslada su preocupación y advierten sobre las consecuencias por la situación en la que van a quedar los procedimientos medioambientales “ahora transferidos a nuestro municipio, sin que se acompañen de los recursos materiales y personales necesarios para su desarrollo”.

Por todo ello, desde la formación piden al pleno que inste al Gobierno Regional a “demostrar un mayor compromiso en su acción de gobierno, que pasa por el cumplimiento de numerosas obligaciones que tiene pendientes y la dotación de los indispensables medios materiales y humanos para llevarlas a cabo, reduciendo el colapso administrativo a que ha llevado al conjunto de los procedimientos medioambientales que son su responsabilidad por la vía del reforzamiento de medios, no de la eliminación y/o relajación de controles”