El tráfico, los horarios de cierre y asuntos relacionados con el urbanismo han aglutinado la mayor parte de los 13.206 expedientes presentados al Consejo Económico-Administrativo de Murcia desde su constitución, en 2007, de los cuales 12.052 han sido resueltos.
El órgano está concebido para atender reclamaciones referidas a tributos municipales y otros ingresos –multas, sanciones, etc.- en caso de disconformidad con la resolución administrativa.
El consejo está presidido por el ex interventor del Ayuntamiento, Santos Ortiz, y como vocales decisorios cuenta con Mariano Barreda –ex Jefe del Servicio de Gestión Tributaria- y Antonio Plaza – ex Jefe de la Policía Local- y como miembros consultivos los ex alcaldes de la ciudad Clemente García, Antonio Bódalo y José Méndez.
Todos ellos, junto con el Concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, y el secretario, Roque Moya, se han reunido esta mañana con el Alcalde, José Ballesta, y le han presentado la memoria de actividad del consejo.
De ella se desprende que los murcianos acuden sobre todo a este órgano para presentar reclamaciones relacionadas con la seguridad vial –5.064 expedientes-, los horarios de cierre –3.846-, la ejecución en apremio de sanciones de seguridad vial, el urbanismo –894.
Respecto a los años de actividad completos (entre 2008 y 2014), la mayor cantidad de expedientes registrados fue 2009 con 2.552 trámites y 2010 con 2.320, muy similar a 2011 –2.252-. A partir de entonces se ha constatado un descenso en el número de requerimientos: 2.046 en 2012, 1.535 en 2013 y 1.595 en 2014. En los seis primeros meses de 2015 se ha registrado la entrada de 664 reclamaciones.
Por materias impugnadas, las quejas por los horarios de cierre se incrementaron en 2012, superando el millar, mientras que el pasado año fueron apenas 300. Si en 2009 los expedientes por seguridad vial fueron casi 1.900, los dos años siguientes se situaron alrededor de 1.000 y en 2013 y 2014 fueron 264 y 227 respectivamente. En 2015 se han presentado 73.
El consejo agota la vía administrativa antes de recurrir a la presentación del contencioso. Su creación se enmarca al amparo de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, entre cuyos objetivos se encuentra cambiar la vida municipal para mejorar los servicios que se presta a los ciudadanos. La pretensión de la norma es modernizar la administración municipal para mejorar el Gobierno y, al mismo tiempo, fomentar e impulsar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales, propiciando la mejora de la calidad de los servicios y potenciando la cercanía a los vecinos.
