La edil explica que el objetivo de la actuación urbanística es "dejar multitud de viviendas o parte de ellas fuera de ordenación para poder construir ahí una urbanización de duplex"
La formación municipal recuerda que se trata de una zona "muy deprimida" socioecómicamente y anticipa que supondrá "todavía más problemas" para esos habitantes y para todo el pueblo
AHORA MURCIA denuncia que PP, PSOE y C's se han unido para aprobar un plan urbanístico que perjudicará gravemente a cientos de familias en una de las zonas más deprimidas del municipio. En la Comisión de Urbanismo celebrada hoy estas formaciones han votado a favor de la aprobación del Plan Especial PH-CT1, que afectará a los cabezos de la Cruz y del Collado, en Cabezo de Torres, y que tiene como objetivo último la construcción de una urbanización de duplex "en unos terrenos ocupados actualmente por cientos de familias que viven en una situación de gran vulnerabilidad socioeconómica".
La edil Angeles Micol asegura que "no se han subsanado ninguno de los graves defectos de los que adolece esta actuación urbanística" y que llevaron a que no fuera aprobada en las tres ocasiones anteriores en que fue llevada a la Comisión de Urbanismo, la primera de ellas en tiempos del exconcejal Fernando Berberena, que fue quien tramitó este plan.
La concejala afirma que en esta ocasión "lo único nuevo que han hecho es decir que van a aportar 90 mil euros para dos asistentes sociales y un administrativo, algo que ni siquiera está incluido en los presupuestos municipales. Han dado una capa de maquillaje para hacer creer que han hecho una consulta pública y que hay más participación, unas acciones que ni siquiera han realizado de acuerdo a lo que se aprobó en el Pleno de aprobación inicial de este plan".
"La forma que proponen PP, PSOE y C's", continúa, "de solucionar los graves problemas socioeconómicos que tienen los vecinos de los cabezos de la Cruz y del Collado es ensanchar las calles y dejar gran número de viviendas o parte de éstas fuera de ordenación. El resultado va a ser un desastre para esos habitantes y para todo el pueblo, creando un problema social mayor del que ya se tiene".
Micol destaca que este plan urbanístico "tiene numerosas deficiencias en la documentación y tramitación del proyecto" y que "su aprobación estaría dando prioridad a intereses privados por encima del fundamental derecho social a una vivienda". Y es que más del 70 por ciento de estas viviendas quedarían condicionadas por unas ordenanzas y una situación "en las que para poder obtener licencia para rehabilitarlas con obras mayores tendrían que tirarlas primero o tirar parte de la propiedad, teniendo, encima de todo, que pagar ellos mismos los gastos de urbanización de las calles y aceras".
La edil concluye que "lo que pretenden es poder hacer esa urbanización, primero degradando aún más el barrio, abaratando así los precios y consiguiendo finalmente que los vecinos abandonen las viviendas, beneficiándose de ello los dueños de los terrenos, que son los promotores del Plan urbanístico. Un proceso que ya se ha producido en otras ciudades españolas y que ha sido abundantemente estudiado por arquitectos y expertos".
