El vicealcalde del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, junto al concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, han anunciado esta mañana la puesta en marcha de la mesa de trabajo para el seguimiento y control de los convenios urbanísticos de la zona norte. A esta primera reunión, que tendrá lugar la próxima semana, asistirán los técnicos municipales competentes y representantes de los grupos políticos para abordar la problemática suscitada en torno a los convenios.
Con la puesta en marcha de esta mesa se da cumplimiento a la moción aprobada por mayoría en el Pleno municipal celebrado el pasado mayo en la que se instaba al equipo de Gobierno a la creación de esta mesa.
Igualmente, el Gobierno local convocará próximamente a todos los afectados por los convenios que incumplieron los anteriores equipos de Gobierno y por la anulación del Plan Especial de Infraestructuras Comunes a los Sectores del Ensanche Norte de la Ciudad (PEI).
La convocatoria de esta mesa se produce a raíz de la primera sentencia que condena al Ayuntamiento de Murcia a pagar casi 20 millones de euros a una promotora que suscribió en 2008 uno de estos convenios para construir en la zona norte del municipio cerca de 5.000 viviendas. Esta sentencia ha sido recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia.
Amenaza de otros convenios
Por otra parte, una segunda empresa promotora ha presentado hace unos días otra demanda en el mismo sentido. En este caso, una sentencia desfavorable para el Consistorio murciano podría costar a las arcas municipales unos 14 millones de euros en concepto de indemnización por el convenio incumplido, así como por los correspondientes daños y perjuicios.
El vicealcalde y el concejal de Urbanismo han manifestado su preocupación ante una situación que califican de "compleja, heredada y a la que no han dado solución a lo largo del tiempo los anteriores equipos de Gobierno, que son quienes la han generado".
Cifras
En este sentido, Mario Gómez ha resaltado que, según datos de la propia web municipal, los promotores han pagado al Ayuntamiento en efectivo la cantidad de 91.477.417 euros más 25.339.437 euros en obra construida, lo que supone un total de 116.816.855 euros.
A pesar de la inacción y el silencio administrativo por parte de los anteriores responsables políticos, tanto el vicealcalde como el responsable de Urbanismo han mostrado su confianza en que "entre todos podamos encontrar soluciones tras varios años de retraso".
Perjuicio económico
Por su parte, Andrés Guerrero ha señalado que como consecuencia de la sentencia que determinó la nulidad del PEI, "el Consistorio ya salió perjudicado, sea cual sea la solución a la que ahora podamos llegar".
De esta forma, ha explicado que una solución consistiría en devolver el dinero, pero esta devolución implicaría una devolución de intereses, de gastos de avales y de gastos de costas, por lo que "se le causa al Ayuntamiento y a todos los murcianos un perjuicio de un tercio adicional sobre el importe total a devolver".
Otra posible solución, ha detallado Guerrero, pasa por redimensionar los convenios, pero en este caso "debemos tener en cuenta que la sentencia del PEI determinó que los gastos que se pretendían imputar a las promotoras en realidad corresponden al Consistorio murciano, con lo cual vamos a tener que gastar ese dinero sí o sí".
Igualmente, Guerrero ha afirmado que hasta 2017, durante el primer mandato de José Ballesta, "se han ido reintegrando las cantidades por hitos, es decir conforme se aprobaba una parte del plan se daba una cantidad de dinero". Cabe especificar, en este sentido, que la sentencia del PEI determina que las cantidades entregadas en virtud de los convenios firmados entre el Ayuntamiento y las empresas promotoras se deben considerar, necesariamente, como patrimonio municipal del suelo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
Así, la sentencia llega a la conclusión de que el coste de la ejecución de las infraestructuras "ha de ser asumido por el Ayuntamiento y pagarse con las cantidades obtenidas con los convenios, pues tenían ese objeto y finalidad, sin que la Administración local pueda destinar la cantidad necesaria para costearlas a otros fines permitidos para el patrimonio público de suelo".
En este contexto, los concejales Gómez y Guerrero han destacado las impredecibles consecuencias que esta situación puede tener para el municipio de Murcia, "ya que podría quedar hipotecado, no solo el futuro de los murcianos sino también el de nuestros hijos, y dejar en bancarrota las arcas municipales en un momento tan difícil y complicado como el que nos encontramos".
Dar ejemplo y aportar soluciones
Tanto el vicealcalde como el responsable de Urbanismo han recalcado que "las Administraciones Públicas son las primeras que deben dar ejemplo, asumir sus responsabilidades y obligaciones y afrontar los problemas aportando soluciones.
"En política es tan importante lo que se hace como lo que no se hace", han subrayado, en clara referencia a los incumplimientos y a la indolencia con la que los anteriores mandatarios han actuado en este asunto.
"No obstante, este equipo de Gobierno no tiene miedo de sentarse a negociar para buscar soluciones a las necesidades de un desarrollo sostenible para nuestro municipio", han concluido.
